El domingo 3 de noviembre se reunirá la Convención del Partido Nacional, a fin de considerar si nuestra colectividad se mantiene en la coalición de gobierno o si, por el contrario, decide abandonarla. Conocida es nuestra posición respecto a la absoluta inconveniencia que, a nuestro juicio tendría extender la partida de defunción de dicha coalición. No abundaremos, pues, en razones que ya hemos expuesto con anterioridad.
Pero la cuestión no se agota en esa propuesta. Quienes abogan por la ruptura con el gobierno del doctor Jorge Batlle, doblando la apuesta y para el caso de que su tesitura resulte mayoritaria, piensan plantear, asimismo, el abandono de los cargos en la administración autónoma. Creemos que esta segunda iniciativa, manejada como mera hipótesis, pues no creemos que el planteo de fondo prospere, carece de fundamentos políticamente razonables.
En el marco de una coalición gubernamental esas posiciones resultan un complemento lógico y necesario de la misma, pues también se gobierna, aunque en áreas concretas y específicas del quehacer nacional, desde los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados. Suprimida la coalición, la coparticipación en los Directorios de esos organismos cumple otra función, que, por cierto, dista de ser novedosa en la vida política del país y de la que hay muchísimos antecedentes. A saber, el control de la gestión que en los mismos cumplen los integrantes mayoritarios de dichos Directorios, designados por el partido de gobierno.
Al Poder Ejecutivo se le controla desde el Parlamento, por los diversos mecanismos e institutos consagrados por los artículos 118 a 120 de la Constitución, sin perjuicio de poderse llegar a la censura ministerial, prevista en los arts. 147 y 148 de la Carta. Pero ese control resulta difuso y más distante, menos eficaz, respecto de la administración autónoma. Además, le compete en principio al Poder Ejecutivo, por las vías instituidas en los arts. 197 y 198 de la Lex Magna, correspondiéndole al Senado la decisión final en la materia. Pero es al Ejecutivo al que le compete poner en marcha estos mecanismos de control, no pudiendo el Senado proceder por propia iniciativa.
Tal es la razón, conocida y aceptada como una práctica política civilizada, de que desde siempre se haya aceptado la presencia minoritaria de representantes de un partido ajeno al de gobierno, en la dirección de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados. Sus directores, además, no pueden designarse sin un acuerdo político refrendado por una venia que el Senado debe otorgar por el voto de 18 de sus 31 miembros, de acuerdo al art. 187 de la Constitución.
Siendo ello así, como siempre lo ha sido desde la Carta de 1934 por lo menos carece de lógica política manejar esa posibilidad, como aditamento exagerado de una eventual ruptura de la coalición. Tal planteo parece nacido de una especie de infundado sentimiento de culpabilidad por ocupar los cargos en cuestión, como si toda proximidad con el gobierno y su administración fuera pecaminosa. Trátase de un error, pues sobran los ejemplos de gobiernos colorados durante los cuales nuestro Partido Nacional jamás se negó a aceptar y ocupar los cargos que ahora, para algunos correligionarios, parecieran ser mala palabra.
No hay que olvidar, por otra parte, que en las enmiendas constitucionales de 1996 se incluyó una novedosa disposición, el art. 175, que habilita al Presidente de la República a declarar "que el Consejo de Ministros carece de respaldo parlamentario, en cuyo caso podrá sustituir total o parcialmente a los miembros no electivos de los Directorios" "de los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, luego de que el Senado otorgue la venia a quienes serían sus sustitutos.
Esto también habrá que tenerlo en cuenta a la hora de resolver mantener la coalición, como creemos que así se resolverá, en bien del país.
