La gremial de rematadores sostuvo ayer que hace meses advirtió a la Suprema Corte de Justicia y al Ministerio del Interior sobre la existencia de "presiones" contra los remates y sus protagonistas, pero que las autoridades evidenciaron "falta de reacción". Asimismo, la institución se declaró en "sesión permanente", en procura de definir "estrategias que defiendan el derecho al trabajo".
Entre esas acciones, que serán analizadas por los rematadores, se encuentra la solicitud de dispositivos de seguridad y de cambios de los locales en los que se efectúan habitualmente los remates.
"Quizás los remates se deban realizar en otras sedes, en otros lugares cuando no haya seguridad para que los actos se desarrollen con normalidad; quizás se tenga que pedir mucho apoyo de la fuerza pública en ambientes que no sean propicios para este tipo de cosas. Eso lo vamos a discutir con las autoridades", dijo a El País el presidente de la Asociación Nacional de Rematadores y Corredores Inmobiliarios (Anrci), Alberto Brun, quien de todas formas indicó que los rematadores continuarán su trabajo.
"Vivimos esto con mucha preocupación, pero no es de ahora; ya habíamos alertado sobre estos hechos, porque este no fue el primero", añadió el dirigente. La comisión directiva de la gremial emitió ayer una declaración luego de una reunión que mantuvo entre la mañana y primeras horas de la tarde de ayer.
CALIENTE. La inquietud de la gremial de rematadores se recrudeció en los últimos días, en virtud de declaraciones que formuló el productor y dirigente Mauro Riani en Artigas, en oportunidad de la realización de un remate judicial de un campo por deudas.
En clima tenso, se produjo el remate del establecimiento agropecuario de la familia Castelano, conocidos productores lecheros de Bella Unión, a unos 20 kilómetros de la frontera con Brasil. Durante el acto, productores del departamento de Artigas incidieron en la evolución del remate, y lograron que sólo fueran venidas las secciones que los Castelano tenían interés y estaban en condiciones de adquirir.
El diario El Pueblo de Salto publicó declaraciones de Riani, quien dijo que "corren peligro de vida los que vengan a rematar", a pesar de que aseguró que sus dichos no constituían una amenaza.
Riani no descartó que "en algún momento ocurra un disparate, porque la cosa está muy difícil. Creo que esta gente se regala viniendo aquí en el momento que están rematando". Las declaraciones también provocaron la alarma en el Colegio de Abogados del Uruguay, que ya inició acciones penales (ver nota aparte).
Ante esa situación, la gremial de rematadores recordó en su comunicado que ya se produjeron situaciones similares en Cerro Largo, Colonia, Florida, Artigas, Montevideo y Canelones, donde grupos de personas pretendieron "impedir el curso legal de las ejecuciones determinadas por la autoridad judicial".
"Al agredirse, amenazar o al tomarse cualquier actitud contra el rematador, se está haciendo contra la Justicia; en definitiva se está atentando contra el derecho, contra las instituciones públicas, contra la Justicia, lo cual es muy preocupante", enfatizó Brun.
En su declaración de ayer, la Anrci afirmó que "la reiteración de estos hechos que tienen como fin obstaculizar el cumplimiento de una orden emanada de la autoridad judicial, utilizando para ello medios de presión, amenazas, coartando en definitiva las libertades y derechos individuales, sólo tienden a desestabilizar nuestro sistema democrático de derecho y comprometen el futuro de las instituciones".
Asimismo, la gremial expresó su "preocupación" por "la falta de reacción de las autoridades del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, que habiendo sido alertados con antelación suficiente no han tomado las medidas necesarias para evitar estas situaciones".
Precisamente, Brun consideró que "hay una responsabilidad" de ambos poderes del Estado, en virtud del previo aviso que recibieron por parte de la Anrci.
En otro orden, la Anrci estimó que "el accionar de pequeños grupos atenta contra la sociedad civil en su conjunto y particularmente contra el resto su sector, comprometiendo aún más su futuro económico, la viabilidad de su subsistencia, futuros créditos y su proyección de desarrollo".
HORIZONTE. En la actualidad se sostienen varios juicios ejecutivos contra productores rurales, comerciantes, camioneros, panaderos, entre otros, como consecuencia de deudas que mantienen incluso desde 1996 con el Banco República y con otras instituciones crediticias y particulares.
Una serie de ejecuciones ya están en marcha, y hay un cronograma ya definido para los próximos remates, informó a El País el abogado Francisco de Mello, de la sucursal del República en Bella Unión.
