García Mexía planteó la necesidad de legislación que obligue a los partidos a revelar las fuentes de procedencia de sus fondos

La urgente necesidad de legislar en materia de financiación de los partidos políticos y de que estos declaren la procedencia de los fondos, la contratación pública basado en los principios de mérito y capacidad, y la ampliación de los ámbitos de denuncia ciudadana fueron algunos de los aspectos, que planteó un consultor español seleccionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para asesorar a la Junta Anticorrupción en el diseño de la Estrategia Nacional en la Lucha Contra la Corrupción.

El abogado español Carlos García Mexía, profesor de derecho constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, que estuvo en Uruguay señaló que es posible discernir las áreas favorables para la corrupción porque "propician la confusión de intereses público y privados, determinan restricciones de la libre competencia, implican márgenes muy amplios de discrecionalidad, favorecen la delincuencia organizada trasnacional a través de prácticas como el lavado de dinero, y por los bajos salarios del funcionariado de determinados servicios".

En un informe de 49 páginas, mencionó a los servicios públicos y la contratación pública, el sector financiero, el sistema aduanero por tratarse de un país rodeado por dos gigantes comerciales como Brasil o Argentina, la seguridad pública o policía y la financiación de los partidos políticos.

Al respecto de los partidos políticos y de las campañas electorales, García Mexía planteó como "urgente" que Uruguay cuente con una ley al respecto para garantizar la transparencia, la igualdad y la objetividad en la asignación de recursos, legislación que obligue a los partidos a revelar las fuentes de procedencia de sus fondos, así como sus intereses en empresas que pudieran beneficiarse de las políticas gubernamentales.

FUNCION PUBLICA. "García Mexía dijo que es "imprescindible" e "inaplazable" que Uruguay instaure "un régimen de acceso a la función pública, con excepción de los puestos políticos, exclusivamente basado en los principios de mérito y capacidad mediante la supresión de todas las excepciones".

Con el mismo objetivo sugirió introducir un mecanismo que garantice la total incomunicación entre el cargo o funcionario encomendante y el gestor designado, y la regulación de los regalos a los cargos y funcionarios públicos, por medio de la declaración de los mismos.

Entre las medidas planteó facilitar el acceso web a las declaraciones de intereses de cargos y funcionarios que tengan carácter público, crear canales de asesoramiento público y organizar foros de discusión.

"CIUDADANOS. "Para contribuir a que la opinión pública denuncie la corrupción el consultor señaló como oportunos, mediante reforma de la ley anticorrupción, mecanismos de denuncia de los comportamientos corruptos en el ejercicio del poder público y fórmulas específicas para las ONG dedicadas a estos asuntos.

Como mecanismos de control sugirió "la llamada acción popular para que cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos inste un proceso penal, la participación popular en el enjuiciamiento de los delitos de corrupción y la elección mediante sufragio universal directo de los miembros de las Juntas Locales de los Departamentos como refuerzo del principio democrático en el poder municipal".

El "defensor del pueblo" fue otra de las sugerencias como órgano de jerarquía constitucional con la misión principal de supervisar la actuación de la Administración Pública y denunciar posibles comportamientos corruptos.

García Mexía recomendó instaurar un régimen jurídico más claramente favorable a la obtención de información por parte de Comisiones parlamentarias de investigación y dar al Poder Legislativo el control de la ejecución presupuestaria mediante el procedimiento de reiteración del gasto con intervención del Tribunal de Cuentas.

Teniendo en cuenta que el asesoramiento de la Junta a la Justicia no se produce de oficio sino solamente a instancias de la justicia y que en los tres años que lleva de funcionamiento sólo hubo dos pedidos de parte de jueces, sugirió ampliar a cualquier órgano jurisdiccional y no sólo a los del orden penal, las competencia de asesoramiento de la Junta.

En otro orden propuso perfeccionar el asesoramiento a los jueces penales y permitir que la Junta se dirija a cualquier repartición pública a fin de solicitar documentos necesarios para el esclarecimiento por el juez de determinados hechos denunciados.