Un juez argentino confirmó hoy la detención del ex dictador Leopoldo Galtieri y de otras 25 personas, la mayoría militares, al hallar pruebas en una causa por la desaparición de militantes de la disuelta organización armada Montonerosdurante la última dictadura (1976-83).

En su fallo, el juez federal Claudio Bonadío trabó además embargos sobre los bienes de los imputados por montos que oscilan entre los 400.000 (111.000 dólares) y los cuatro millones de pesos.

La decisión del magistrado alcanza además al ex general Guillermo Suárez Mason, entonces jefe del poderoso Primer Cuerpo del Ejército, con jurisdicción en Buenos Aires y su periferia, y a Cristino Nicolaides, último jefe de esa fuerza en la dictadura.

La justicia les imputa a los acusados los cargos de homicidio agravado por alevosía, privación ilegítima de la libertad, tormentos, reducción a la servidumbre y asociación ilícita que prevén penas de hasta prisión perpetua.

Galtieri, de 76 años, quien en 1982 condujo a Argentina a la Guerra de las Malvinas contra Gran Bretaña, está bajo arresto domiciliario desde el 11 julio pasado, por ser mayor de 70 años, pero en parte de ese período estuvo internado por una dolencia cardiaca.

Un total de 19 activistas de Montoneros fueron secuestrados en 1980 tras retornar al país desde el exilio para tomar parte de una llamada "contraofensiva estratégica" contra la dictadura decidida por la cúpula de la organización.

La causa se inició en 1983 a raíz de una denuncia realizada por familiares de las víctimas, en el marco del Plan Cóndor, un mecanismo de coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas en los años 70 y parte de los 80.

La mayoría de los policías y militares involucrados por el juez Bonadío integraban el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, desde donde se planificaron decenas de operativos de secuestros y desapariciones de opositores.

Fuentes judiciales informaron que la causa que puso por primera vez al ex dictador Galtieri bajo arresto por un caso de violaciones a los derechos humanos, acumuló 11 cuerpos, algo así como 2.200 fojas, de las cuales "más de la mitad se incorporaron en los últimos meses".

Uno de los impulsos fundamentales que recibió la causa fueron reuniones que el juez mantuvo con integrantes de la entidad humanitaria Madres de Plaza de Mayo y un viaje que realizó hace más de un año a España para incorporar información al expediente.

Bonadío es uno de los magistrados que decretó la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía de Obediencia Debida y Punto Final, con las que se beneficiaron centenares de oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas que participaron de la represión.

Sobre Suárez Mason pesa además un pedido de extradición de Alemania por la desaparición y muerte de la ciudadana alemana Elizabeth Käsemann en 1977.

El destituido general Suárez Mason y Nicolaides estaban detenidos por otra causa, la que investiga la responsabilidad en la sustracción y supresión de identidad de hijos de desaparecidos, en igual situación que los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, entre otros.

AFP