Los siete representantes de Asamblea Uruguay votaron a favor la iniciativa, elogiando la mayor parte del contenido de la ley

La Cámara de Representantes aprobó anoche el proyecto de ley de reactivación con el respaldo de la coalición de gobierno, el Nuevo Espacio Independiente (NEI) y el sector frenteamplista Asamblea Uruguay (AU), que pudo votar gracias a que la bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) no puso objeciones políticas, y continuará en esta jornada tratando los artículos de la iniciativa.

Los siete representantes de Asamblea Uruguay votaron a favor la iniciativa en general, elogiando la mayor parte del contenido de la ley, por lo cual se espera que hoy voten sus normas principales como la megaconcesión de obra pública, la explotación por privados del Aeropuerto de Carrasco y las facilidades de pago para deudores del Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI).

El EP-FA anunció su disposición a votar un total de 54 de los 83 artículos de la ley pero no compartió su filosofía y no la acompañó en general.

Los nacionalistas valoraron la ley como insuficiente, pero dijeron que contribuirá sin dudas a lograr sus propósitos, en particular la generación de empleo.

En su informe, el diputado de la Lista 15 José Amorín dio cuenta de la intención del gobierno de impulsar la reactivación de los sectores productivos del país estableciendo marcos dentro de los cuales se posibilita la mayor inversión y también el hecho de dar posibilidades a empresas de refinanciar sus adeudos con los organismos de recaudación.

"En un momento en que la actividad está deprimida y que hay importantes dificultades en el sistema crediticio, se pretende revertir la situación promoviendo la inversión y dirigiéndola hacia la infraestructura", dijo Amorín.

Adelantando lo que quizás sea la única discrepancia de los blancos con la ley, el diputado del Partido Nacional Gustavo Penadés reclamó una explicación oficial sobre el alcance del artículo que faculta al Poder Ejecutivo a fijar precios máximos para los servicios prestados por las agencias marítimas a las personas físicas o jurídicas nacionales, en los casos que la falta de competencia afecte los costos del comercio exterior del país, porque sostuvo que puede afectar la libre competencia en esta actividad.

Respecto a la norma por la cual se extiende a las empresas periodísticas de Montevideo un beneficio de tipo impositivo, dijo que se ha incluido para que puedan equilibrar en parte la ecuación económica "y evitar el contínuo y sistemático despido de periodistas" que afirmó que se está produciendo debido a la crisis en el sector. Aunque consideró que no es suficiente, el Partido Nacional subrayó que esta ley logrará la reactivación económica.

Al fundamentar la posición del EP-FA, la diputada Silvana Charlone dijo que su fuerza política no tiene una "oposición ideológica" a las concesiones, sino que aclaró que "se tienen que dar en sectores que no sean estratégicos" para la economía nacional.

"COHERENCIA. "Inesperadamente, el diputado nacionalista Sebastián Da Silva salió al cruce de las afirmaciones de Charlone y protagonizó un enérgico entredicho con ella. Le mostró entonces una carpeta que dijo que contenía "270 concesiones" hechas por la Intendencia de Montevideo (IMM) y le mencionó una serie de actividades que le preguntó si no las valora como estratégicas, como la recolección de basura, el funcionamiento de los hoteles, pavimentación de las principales arterias de tránsito, el mobiliario urbano, los refugios peatonales, el cobro de facturas y la inspección técnica vehicular. "Cuando se habla de modelo, hay que ser coherente", le imputó Da Silva a su colega.

Charlone replicó diciendo que "lo estratégico" es conceder obra pública en la megaconcesión y la explotación del Aeropuerto de Carrasco. "Vamos a ser serios y no mezclar los tantos. Se ve que Da Silva tiene añoranzas de su época de edil", afirmó la legisladora.