El gobierno colombiano expidió este martes un nuevo decretó que agilizará la detención de personas sospechosas, la interceptación de llamadas, el allanamiento de inmuebles y la creación de zonas especiales del territorio que quedarán bajo el mando de un militar.

La medidas son las más duras dictadas por el presidente Alvaro Uribe en las tres semanas que lleva vigente el estado de conmoción, que le otorga facultades especiales para intentar frenar el desborde de la violencia guerrillera y paramilitar.

"Estabamos en mora de tomar medidas de esta naturaleza, sentimos que este estado indefensión en que nos encontramos los colombianos en buena parte obedece a que la fuerza pública en muchas ocasiones ha tenido evidencia de la presencia de grupos terroristas... pero ha contado con un marco legal restrictivo que definitivamente le ha impedido reaccionar con la debida oportunidad", dijo la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, en el Congreso.

El decreto permite la captura de sospechosos sin orden judicial o con autorización verbal. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de un fiscal dentro de las 24 horas siguientes. Su situación jurídica debe resolver en máximo 36 horas tras la captura.

El gobierno colombiano expidió hoy un nuevo decreto que agilizará la detención de personas sospechosas, la interceptación de llamadas, el allanamiento de inmuebles y la creación de zonas especiales del territorio que quedarán bajo el mando de un militar.

También las autoridades quedaron facultadas, previa autorización judicial, para interceptar, registrar y grabar, todo tipo de comunicaciones para buscar pruebas o prevenir la comisión de delitos.

Asimismo, se podrá disponer inspecciones y registros domiciliarios con la sola comunicación verbal de la autorización judicial previamente escrita. Los allanamientos requerirán orden judicial escrita.

En el caso de naves y aeronaves e inmuebles que no sean residencia, las autoridades podrán hacer inspecciones cuando se presuma que en ellos hay personas implicadas en delitos o armas.

Los ciudadanos extranjeros quedaron obligados a acudir ante las autoridades colombianas cuando estas lo soliciten, sino podrán ser expulsados del país.

También por el decreto, el presidente podrá crear zonas de rehabilitación y consolidación , que se definen como áreas geográficas afectadas por grupos armados donde el gobierno podrá aplicar medidas excepcionales para garantizar la protección de la población y restablecer el orden.

En estas zonas se designará a un comandante militar para que asuma el mando de todos los efectivos de la fuerza pública que se encuentren en el área.

En estas regiones se podrán decretar toque de queda y permisos especiales para el libre tránsito, circulación o permanencia.

El comandante militar podrá recoger, verificar, conservar y clasificar la información acerca del lugar de residencia y ocupación de los residentes y de las personas que ingresen o transiten por el área bajo su mando, así como de las armas y vehículos.

Los habitantes de las zonas de rehabilitación y consolidación tendrán la obligación de informar sobre el porte o uso de armas.

El comandante militar también podrá detener por 24 horas a las personas que no porten documento de identificación, suspender salvoconductos y ordenar la revisión de toda carga transportada. Los ciudadanos extranjeros deberán informar sobre su intención de transitar o permanecer en el lugar.

Al amparo de la conmoción interior, ya se ha creado un impuesto de guerra para recaudar 800 millones de dólares, se han endurecido la penas para el robo de hidrocarburos y se han agilizado los trámites para expropiar los bienes de los narcotraficantes.

Los organismos humanitarios han expresado sus preocupaciones por un eventual de deterioro de los derechos humanos con estas medidas restrictivas. Este mes la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre la legalidad de las medidas tomadas.

AP