GONZALO AGUIRRE RAMIREZ I Los escraches incivilizados alteran el orden y la tranquilidad pública.

El Ministerio del Interior debe hacerlos cesar.

Los escraches

Los llamados escraches son prácticas contrarias a la convivencia civilizada en sociedad y al Estado de Derecho.

Suponen una regresión a los tiempos prehistóricos en que era válida y habitual la apelación a la violencia física y verbal por cualquier motivo.

Y configuran la negación de los principios básicos del Estado de Derecho, en el cual los conflictos personales y de intereses no habilitan a la agresión y deben resolverse con arreglo a la ley, recta e independientemente aplicada por los jueces del Poder Judicial.

En las sociedades civilizadas rige el orden jurídico , llamado así no por casualidad.

El Derecho supone, por definición, la existencia de un ordenamiento sistemático de normas, cuya transgresión sólo puede ser sancionada por el Estado y donde rige el principio clásico de que el derecho de cada uno termina donde principia el derecho de los demás.

Este sistema excluye la apelación a la justicia por mano propia, que es un instituto perimido desde los albores de la civilización.

Desde los tiempos de Moisés, que fue uno de los primeros grandes legisladores de la Historia, por lo menos.

El escarche configura la concertación de un grupo de personas para agredir verbal y violentamente a otro individuo o a una familia.

Para practicar contra ella el escarnio, en forma pública y violenta, a fin de descalificarla ante la sociedad, de menoscabarla e intimidarla.

Trátase de una especie de linchamiento moral, ejercido con estrépito, y fundado en el odio hacia la víctima, que queda en estado de indefensión frente a la turba que contra ella vocifera e insulta.

Mediante el escrache se proclama públicamente el desprecio a quien lo sufre, sentenciado sin forma de proceso ni garantía alguna para ejercer su defensa.

Al escarchado le es aplicable la cita bíblica: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto.

Pero pesado, o sea juzgado, por energúmenos vociferantes que se autoerigen en jueces de la conducta ajena, para vituperarla en forma estruendosa ante su hogar, calificado como "un sagrado inviolable" por el artículo 11 de la Constitución.

Esta manifestación regresiva de incultura y de prepotencia, hasta hace poco tiempo, había sido practicada en forma esporádica por grupos extremistas, de conocida filiación política, y contra militares retirados, acusados de violar los derechos humanos un cuarto de siglo atrás.

O sea, durante la dictadura.

Ahora, con motivo de la crisis bancaria, se ha inaugurado una nueva modalidad.

La del escrache reiterado, sistemático y hasta rutinario, por su carácter diario y a horario fijo, practicado contra la familia Peirano Basso por razones archisabidas.

No importa que, en el plano civil, a sus integrantes les hayan sido judicialmente embargados sus bienes ni que en el orden penal se haya procedido al rápido procesamiento y prisión de varios de su hijos.

Tampoco cuenta, para los "escrachadores", que su reiterado asedio vociferante contra la residencia de dicha familia moleste a todos sus vecinos, que tienen derecho a que se respete su sosiego, alterado todos los días por sus ruidosas protestas, sus gritos, sus insultos y sus pedreas.

Es dudosa si el escrache configura un delito.

Quizás encuadre en la figura de la violencia privada, en la de las amenazas, la de la difamación o la de injuria (arts 288, 290, 33 y 334 del Código Penal).

Pero no es dudoso, en cambio, que significa una agresión a derechos reconocidos y tutelados constitucionalmente.

A saber, el derecho al honor, a la seguridad y a la propiedad (art. 7 de la Carta).

Además, y sin duda alguna, los escraches vulneran "el orden y tranquilidad en lo interior", cuya conservación es un deber del Poder Ejecutivo (art. 168 num. 1o. de la Carta), que éste está incumpliendo.

El Ministerio del Interior debe, de una vez por todas, poner fin a esta práctica bárbara y cuasi delictiva.

Su pasividad nos pone en riesgo de dejar de ser una sociedad civilizada.