Los asentamientos de Maldonado

UNA de las grandes verguenzas nacionales está constituida por el problema de los asentamientos irregulares, que se manifestara, primero, en forma aislada, en el departamento de Montevideo y que se fuera extendiendo después al interior del país hasta adquirir importantes dimensiones.

Ese hecho, además, es doblemente vergonzante en el caso de Maldonado, por alcanzar con sus efectos a la principal zona turística del país.

Resulta por lo tanto insólito comprobar cómo hay personas e incluso agrupaciones y algunos dirigentes políticos de los partidos tradicionales que continúan oponiéndose a que la cuestión sea solucionada.

Que el Encuentro Progresista haya asumido el liderazgo de esa campaña en contra de las clases más necesitadas es casi lógico y ello debe ubicarse no sólo como un resabio de viejas frustraciones sino, además, inscribirse en una línea política que le es habitual, contraria siempre a los que viven en los asentamientos y dirigida a entorpecer todo trámite para que puedan salir de donde se encuentran.

EN el Cabildo Abierto de la Plaza Lafone con que el Frente Amplio inauguró su desastrosa gestión municipal hace casi doce años, Tabaré Vázquez prometió, entre tantas otras cosas incumplidas, viviendas para todo Montevideo.

Las viviendas nunca se vieron, lo que configura ya una omisión en dos generaciones de titulares.

Lo que la población desconoce es que también trabajan en contra, obstaculizando cualquier iniciativa para que aquellos que lo necesitan, vean satisfechas su necesidad de un techo propio, digno y seguro.

Lo hicieron en Montevideo, demorando la integración de una "Comisión de Regularización de Asentamientos", que en el caso concreto del Barrio "Nuevo Amanecer", ubicado en el Cerro, contaba con un proyecto aprobado por el Ministerio de Transporte, la conformidad de los pobladores y de la Unidad de Coordinación del Préstamo así como del Banco Interamericano de Desarrollo, perjudicando de esa manera a más de 900 familias.

Y lo vuelven a hacer ahora en Maldonado, colocando todas las trabas posibles a un buen proyecto de la Intendencia Municipal destinado a solucionar el problema ya sea a través de una acción conjunta desplegada desde la Junta Departamental por un grupo de soldados mansos o utilizando programas radiales, conducidos por figuras conocidas e incluso recurriendo a un trabajo directo cumplido ante los propios ocupantes, a quienes se aconseja que no se muevan del lugar, sembrando confusión o instigándolos a que no cumplan con los trámites necesarios.

Cuando el intendente Enrique Antía tomó posesión del cargo, se encontró con once asentamientos irregulares.

Una de las prioridades de su administración fue la de erradicarlos, a través de una experiencia inédita como lo es la de pretender transformarlos en "urbanizaciones regulares"

Recurriendo a la firma de Convenios con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Vivienda y con el aporte de los ocupantes, se logró inicialmente hacerlo con los conocidos como "Cuñetti" y "del Hipódromo", que fueron reubicados en el barrio Cerro Pelado de la ciudad de Maldonado, donde 331 familias construyeron sus viviendas, nuevas, limpias y con todos sus servicios, mediante la cesión de terrenos y la entrega de canasta de materiales otorgadas por la propia Intendencia.

De esa manera, un total de 1.045 personas, hombres, mujeres y niños, pasaron a vivir dignamente.

CADA intento de extender esos beneficios a los otros asentamientos de Selva Negra y San Francisco, en Piriápolis; el de Lavagna o el Halty, ubicados en las proximidades de la muy frentista San Carlos; o el de la vía férrea en ruta 39; los de Maldonado Nuevo Número 6, 7 u 8; o el del Kennedy, detrás de El Jaguel o el del Placer, a pocos metros del puente Leonel Viera, en todos los casos, ha dado lugar a las más duras oposiciones.

El último ejemplo de ese enfrentamiento sistemático se acaba de ofrecer la semana pasada desde una Comisión de la Junta Departamental, obstaculizando la continuidad del "Programa de Integración", que permitiría, en este caso concreto, regularizar la situación de 800 familias de los barrios 6, 7 y 8 de Maldonado, así como el traslado de otras 900 familias del Kennedy, el Placer y Selva Negra, y ante la cual el Intendente se adelantó espontáneamente a comparecer con sus Asesores para aclarar todas las dudas planteadas.

SI los protagonistas o las autoridades nacionales de los dos partidos tradicionales son incapaces de poner orden en ese caos departamental, saliéndole al cruce a los propósitos del Frente Amplio de seguir especulando con los más necesitados, los ocupantes desatendidos terminarán censurando a todos los responsables de la omisión, tanto actores como cómplices, por no haberles otorgado un lugar digno donde vivir, lugar que, además, se encuentra disponible desde hace mucho tiempo y al cual no se les permite acceder.

En el año 1851 Donoso Cortés le decía en una carta a la reina María Cristina de España que el problema del futuro se reduciría "a una sublevación universal de todos los que padecen hambre contra todos los que padecen hartura".

Lamentablemente, todavía hay quienes quieren alimentar brotes torcidos de ese antiguo problema social, utilizando, con finalidad política y desde su muy cómoda posición de hartura, a los que aún siguen sufriendo padecimientos.

Renuncia compartible

Deben compartirse las razones por las cuales renunció a su cargo el Presidente del Directorio del Banco de Previsión Social.

Ya fue, objetivamente, un disparate sin precedentes, el hecho de que el Parlamento aprobara una ley dejando sin efecto una simple resolución administrativa interna del Banco, lo que se agravó, después, cuando el Poder Ejecutivo no respaldó a sus autoridades.

Detrás de todo, además, se movieron razones políticas e incluso comerciales desde los negocios de la zona, que recurrieron, otra vez, a utilizar a jubilados y pensionistas en favor de sus intereses.

La descentralización de los pagos era correcta y beneficiosa para las clases pasivas, por lo que no se justifican ni la ley aprobada ni la tolerancia del Poder Ejecutivo al dejar de vetarla, lo que lleva implícito una mala señal para quienes ocupan cargos jerárquicos en la administración, que en cualquier momento pueden ser dejados solos.

Lo único rescatable del incidente, tanto desde el punto de vista personal como institucional, es la renuncia presentada por el Ing. Carlos Gasparri.