Realizarán una campaña de difusión y concientización

A un mes de la entrada en vigencia de la ley que estableció severas penas para quienes están conectados a los servicios de televisión por abonados, sin contratar los mismos, las empresas damnificadas no han realizado denuncias penales.

Los operadores del sistema han acordado, en primera instancia, llevar adelante una campaña de difusión y concientización procurando que quienes están en esa situación de ilegalidad, la regularicen.

Paralelamente, organizado por la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu) y la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), se llevó a cabo el pasado 28 de agosto, en el Salón de Actos del Edificio Libertad, un seminario dirigido a los operadores de cable de todo el país, abogados, escribanos, fiscales y público en general, destinado a aclarar los alcances y las formas de aplicación de la ley.

En ese ámbito, los asesores legales de las organizaciones convocantes, Andrés Lerena (Andebu), Cristina Olaso (CUTA) y el fiscal Enrique Mller, expusieron por su orden sobre el proceso de formulación de la ley, su aplicación práctica y la tutela penal de las señales en las comunicaciones.

Al resumir las conclusiones del seminario, Lerena informó a El País que las empresas que explotan los servicios de televisión para abonados consideraron muy importante la aprobación de la ley 17.520, que penaliza las conexiones ilícitas al sistema, con penas que van de multas en UR que pueden llegar a los $ 164.800 o prisión equivalente.

"Este es un fenómeno que estaba aumentando progresivamente y se estaba dando no en zonas carenciadas solamente, sino en lugares donde reside gente pudiente que está en condiciones de contratar el servicio", dijo el asesor jurídico de Andebu.

Agregó que este seminario formó parte del compromiso que asumieron Andebu y la CUTA "de hacer una campaña de información y de difusión sobre los alcances de esta nueva ley, y de darle además, a quienes están en una situación irregular la posibilidad de regularizar esa situación".

"En estos momentos en lo que estamos es en una primera etapa informativa y fundamentalmente dirigida a procurar que quienes están en esta situación de ilegalidad, regularicen su situación", agregó.

Lerena indicó que tenía información de las empresas, en el sentido de que "hay mucha gente que estaba conectada al cable en forma irregular y que ahora se está acercando para celebrar el contrato correspondiente".

Informó, en respuesta a una pregunta, que las empresas no han hecho todavía denuncias penales, esperando un tiempo prudencial para evaluar los resultados de la campaña de información que está saliendo por los medios.

"Después sí, a quienes no hayan regularizado su situación se les iniciarán las acciones por esa vía", indicó.

"Hay dos hipótesis penales. Una es la de la persona que hace su propia conexión (el pinchazo) al sistema de televisión por cable.

Esa es una de las figuras delictivas, y otra figura delictiva diferente y que tiene una sanción penal más grave, es la que nosotros llamamos el instalador.

Es decir aquel que está  haciendo un negocio de las conexiones ilícitas.

Para este delito la sanción penal es más grave, y va de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría", explicó Lerena.

En el curso del seminario, y al término de las exposiciones, los panelistas tuvieron que responder a las consultas de los presentes, las que fundamentalmente partieron de los operadores de TV cable y apuntaron a saber que elementos probatorios se debían aportar en el momento de presentar las denuncias.